El bloque legislativo del PJ valora la medida tomada a través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo que concluyó en el desalojo de los manifestantes de la Plaza 25 de Mayo, porque era una medida reclamaba por un amplio sector de la sociedad chaqueña que no estaba de acuerdo con ese asentamiento, sobre todo por la apertura al diálogo que tuvo el gobierno provincial desde el primer día que asumiera sus funciones.
Como legisladores defensores de la democracia que somos, creemos que fue un hecho no deseado por nadie, pero sostenemos que era sumamente necesario en virtud de los hechos que se venían desarrollando y que mostraban un alto contenido de violencia. Hubo una liberación de un espacio público pero sobre todas las cosas destacamos que el procedimiento policial que concluyó con el desalojo de los manifestantes que acampaban en la plaza 25 de Mayo de Resistencia fue sin usar una sola bala, ni gases lacrimógenos para dejaran el lugar.
Además valoramos la responsabilidad de la medida asumida por el ministro de gobierno Juan Manuel Pedrini que tomó la medida para evitar daños mayores para permitir el uso de ese espacio público, ante la inacción de quienes deben velar por el derecho de todos. Sostenemos también que lamentablemente existía una escalada de violencia, con la suma de los incidentes de la ruta nacional 11 donde hubo manifestantes con palos, clavos miguelitos y arrojando una bomba molotov; la amenaza pública del MIJD hacia el gobernador Capitanich y frente a los desgraciados acontecimientos de violencia que se registraron hoy frente al Ministerio de Desarrollo Social. No nos desentendemos de la problemática social que atraviesa gran parte del pueblo del Chaco, pero estamos convencidos que la violencia no es el camino.
Hoy el gobierno provincial que conduce Jorge Milton Capitanich está haciendo todos los esfuerzos para lograr revertir los índices de pobreza e indigencia, que otros gobiernos ni siquiera intentaron resolver. Tal vez por falta de ideas, tal vez por falta de propuestas pero, hoy se reconocen los problemas y se los está afrontando para poder brindar la respuesta a cada uno de ellos. La comunidad debe saber también que la medida de desalojo fue tomada por la jueza en turno, quien otorgó la orden pertinente y fue la justicia quien fiscalizó el accionar policial.
Como legisladores defensores de la democracia que somos, creemos que fue un hecho no deseado por nadie, pero sostenemos que era sumamente necesario en virtud de los hechos que se venían desarrollando y que mostraban un alto contenido de violencia. Hubo una liberación de un espacio público pero sobre todas las cosas destacamos que el procedimiento policial que concluyó con el desalojo de los manifestantes que acampaban en la plaza 25 de Mayo de Resistencia fue sin usar una sola bala, ni gases lacrimógenos para dejaran el lugar.
Además valoramos la responsabilidad de la medida asumida por el ministro de gobierno Juan Manuel Pedrini que tomó la medida para evitar daños mayores para permitir el uso de ese espacio público, ante la inacción de quienes deben velar por el derecho de todos. Sostenemos también que lamentablemente existía una escalada de violencia, con la suma de los incidentes de la ruta nacional 11 donde hubo manifestantes con palos, clavos miguelitos y arrojando una bomba molotov; la amenaza pública del MIJD hacia el gobernador Capitanich y frente a los desgraciados acontecimientos de violencia que se registraron hoy frente al Ministerio de Desarrollo Social. No nos desentendemos de la problemática social que atraviesa gran parte del pueblo del Chaco, pero estamos convencidos que la violencia no es el camino.
Hoy el gobierno provincial que conduce Jorge Milton Capitanich está haciendo todos los esfuerzos para lograr revertir los índices de pobreza e indigencia, que otros gobiernos ni siquiera intentaron resolver. Tal vez por falta de ideas, tal vez por falta de propuestas pero, hoy se reconocen los problemas y se los está afrontando para poder brindar la respuesta a cada uno de ellos. La comunidad debe saber también que la medida de desalojo fue tomada por la jueza en turno, quien otorgó la orden pertinente y fue la justicia quien fiscalizó el accionar policial.
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